Respecto de las declaraciones realizadas por el delegado local
de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Daniel Rolando
Jiménez Rojo, en cuanto a que las personas encarceladas en el estado de origen
indígena no reciben asesoría de intérpretes, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo hace las siguientes precisiones:
Las personas que atraviesan por un proceso penal y no hablan
español sí cuentan con asistencia o asesoría en materia legal por parte de la
PGJEH y otras instancias jurídicas que intervienen en el proceso.
El efectivo
acceso a la justicia es uno de los Derechos Humanos
de los integrantes de los Pueblos Indígenas; el
Ministerio Público tiene entre otras, la obligación de proteger y garantizar tales derechos, por lo
tanto, quienes no hablen o no entiendan suficientemente el español, están
asistidos de un intérprete que les permita entender y hacerse entender en todas
las actuaciones legales en las que participen.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en
Coordinación Interinstitucional con la Comisión Nacional de Desarrollo para los
Pueblos Indígenas y con la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través
del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, trabaja de manera conjunta
para profesionalizar a quienes
realizan la función de interpretación y traducción en lenguas indígenas.
Con la finalidad de contar con peritos calificados y asegurar
una atención de calidad que otorgue certeza jurídica a las partes, hoy en día se cuenta con 29 intérpretes certificados en
materia de procuración y administración de justicia, dejando atrás la necesidad
de habilitar de manera improvisada a quien pudiera brindar el servicio de
traducción, por ello, es importante mencionar que el proceso de evaluación
llevado a cabo por el Consejo Nacional de Certificación, con el acompañamiento
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sustenta de manera
importante la legalidad de las
actuaciones de los peritos.
Cabe aclarar que la PGJEH realiza trabajo de coordinación
interinstitucional con el entonces Instituto Nacional Indigenista y actualmente
con el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, así como con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas con quienes se han trabajado diversos procesos de certificación para
peritos intérpretes en lenguas indígenas, contando actualmente con 29 peritos
conocedores de la lengua náhuatl, hñahñu o tepehua.
Dichos expertos, actualmente asisten durante la integración de
la averiguación previa a víctimas e indiciados que no entiendan o no hablen
suficientemente el español, por lo que de ninguna manera resulta cierto que los
indígenas que están privados de su libertad, es porque no se les hubiera
nombrado un intérprete.
Con las acciones que se han comentado y que consisten en la
capacitación de los peritos para que sepan cuáles son sus derechos y
obligaciones al momento de realizar la traducción, así como los principios bajo
los cuales deben conducir su actuación, el Gobierno del Estado de Hidalgo,
garantiza el respeto a los derechos fundamentales de mujeres y hombres
indígenas.



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